Crisis Política: un desafío ético.

     61 %  de los chilenos considera que enfrentamos  una crisis política, según la  encuesta   de Imaginacción y la  Universidad Central. El subsecretario del Interior  Mahmud Aleuy señaló  que  los escándalos de corrupción   han desnudado  un problema  ético  en Chile,  el que sólo se podrá enfrentar  con una acción efectiva   de  todas las instituciones  del país.

 El diagnóstico de la sociedad civil y las autoridades es el mismo: enfrentamos una crisis ética y necesitamos  una solución  integral. No se trata de tirar la “mugre bajo la alfombra”, requerimos  asumir la urgencia  que exige desafiar  un   problema que erosiona nuestra convivencia social, y por ende la credibilidad que da sustento  al proceso democrático.   

    Se necesita  de  liderazgos creativos, en varios frentes,  sino terminaremos  diluyendo  nuestro capital social.  

Ese recurso  que se expresa en la confianza que  tenemos  hacia  los demás, que nos permite  trabajar  junto a otros, formar equipos  y postergar intereses individuales por proyectos colectivos.  Estos son: la confianza, asociatividad, flexibilidad,  que al  plasmarse  en las instituciones  y en las prácticas de una sociedad, determinan su productividad, estabilidad  y la paz social.  

  Ese es  nuestro desafío: enfrentar un problema  ético que erosiona las confianzas. Que requiere de soluciones creíbles de cara a la ciudadanía, que exige de parte de algunos políticos y empresarios,  que  asuman su responsabilidad, al margen de la legalidad  de sus acciones, no olvidemos que la norma positiva es apenas un mínimo ético.   La Ley 18.575 señala que la probidad administrativa, que no es otra cosa que la aplicación de principios éticos a la función pública, “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.” Esta es la clave que debe traducirse en la guía para el accionar de los empleados públicos, que enfrentados a un problema de integridad, de ética, de probidad, deben hacer primar el interés general por sobre el suyo particular. Las autoridades,  deberán  demostrar  más que nunca, que su   comportamiento  se sustenta  en  principios y esto  debe apreciarse  día a día. Así como  los  funcionarios  que  manejan los recursos, en particular  aquellos   que la sociedad  provee para cumplir los fines sociales del Estado, que  actúen  de manera transparente y los mecanismos fiscalizadores sean efectivos y concluyentes.