En 2007, el Comité para la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas hizo recomendaciones al Estado de Chile, para que la colocación de hogares de acogida, fuera sólo una medida excepcional.
En la jornada del martes 11 de julio, en su cuenta de Twitter, la Presidenta Michelle Bachelet, aseguró, en el marco de las críticas por el rechazo al informe de la Comisión Investigadora del Sename que "los poderes del Estado seguimos trabajando y actuando para terminar postergación de niños, niñas y jóvenes con sus derechos más vulnerados", agregando que "a este propósito, en nada ayuda el aprovechamiento político. Con los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes no se juega. Seamos serios".
A la Jefa de Estado, está claro que le preocupa lo que ella define como el aprovechamiento político del Sename por parte de ciertos sectores, pero más allá de si alguien busca algún beneficio personal de figurar en la prensa o atacar al gobierno, utilizando los abusos, negligencias y crímenes en el Servicio Nacional de Menores, lo que hay detrás es más de fondo: la desidia de la clase política para sacar adelante instancias que protejan a la ciudadanía, a los menores, que encuentren real protección y resguardo. La falta de interés y de voluntad política ha entrampado el legítimo derecho de los menores a vivir con dignidad y que los ciudadanos de Chile también tengan ese mismo derecho y se reconozca como tal.
EL MURO, conversó con el abogado y cientista político Rafael Rosell (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián), quien tiene una postura crítica respecto del rechazo del informe de la Comisión Investigadora del Sename de la Cámara de Diputados, con “64 propuestas que echaron a la basura”, advierte, señalando que “la gran cantidad de problemas, trabas legales, funcionarios mal preparados, falta de recursos en los hogares, hacen que el panorama sea bastante oscuro”.
-¿Cuáles son, por ejemplo, las trabas legales que a su juicio existen?
Nosotros tenemos una ley que habla de los menores y que es de los años sesenta, es una ley bastante antigua. Dentro de estas 64 propuestas que estableció el informe, hay una serie de medidas que piden darle urgencia a algunos proyectos de ley que podrían, evidentemente, mejorar la situación, como el que establece el sistema integral de adopción, la suma urgencia de garantías de la niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que está en la mayor parte de los países del mundo. Me parece una inconsecuencia del Parlamento que no hablemos de la Defensoría del Ciudadano.
En gran parte de los países democráticos,desarrollados, existe el Defensor del Ciudadano y dentro de éste se van añadiendo una serie de defensorías específicas para grupos más vulnerables. En Chile, se le ha sacado el quite al Defensor del Ciudadano hace mucho tiempo.
-Si en el país existiera esta figura del Defensor del Ciudadano, ¿de qué manera podría, quizás, haber un avance y evitar que siga la crisis en el Sename?, ¿de qué manera se pueden ligar ambas instancias?
No sólo por lo que sucede en el Sename, sino también con muchas otras conculcaciones de derechos ciudadanos, tendríamos la posibilidad de dirigirnos a una institución que fuera independiente, autónoma del gobierno de turno, que podría defender nuestros derechos, reestablecer las garantías que se han vulnerado en algún momento. Es fundamental, porque, el Defensor del Ciudadano en términos de los niños y adolescentes, es muy importante en la representación judicial. Tiene que haber una institución que se dedique a la defensa del menor en forma precisa.
-¿Por qué no se logra crear la institución del Defensor del Ciudadano?, ¿por desidia, simplemente, de la clase política?
Hace muchos años, en este país, el Parlamento ha dado vuelta la cara con respecto a este tema y no ha asumido como una responsabilidad la protección de los ciudadanos. Hoy, el único adelanto que tenemos y que podemos rescatar es la Ley Nº 21.013 en que se agrega el artículo 403 bis al Código Penal en que se tipifica el delito de maltrato a menores de 18 años, a adultos mayores y personas con discapacidad.
-Cuando usted plantea que el Congreso ha dado vuelta la cara a la idea de crear la institución del Defensor del Ciudadano, es porque ¿se aborda el tema sólo en la medida en que les conviene desde el punto de vista político o no?, ¿o es falta de voluntad?
Tengo la sensación que estás, efectivamente, en lo correcto en lo que acabas de decir. Se sopesa, políticamente, si tener un ente que puede controlar y defender los derechos de los ciudadanos, le es conveniente a nuestra clase política o no. Creo que es así, porque si no, no se entiende que hayan pasado tantos años y todavía no se ponga en la opinión pública el tema del Defensor del Ciudadano. Es más, ninguna candidatura presidencial ni de izquierda ni de derecha lo nombra siquiera. Este Defensor del Ciudadano, este defensor de las personas, es imprescindible para la regulación del Estado de Derecho y la defensa de las garantías de los derechos fundamentales.
-¿Por qué a la clase política no se ha preocupado de la existencia de un Defensor del Ciudadano?
Es lamentable llegar a esa conclusión, al no entender por qué no nos ponemos a trabajar seriamente en una instancia que, de verdad, sería un gran beneficio para el país y consolidaría nuestro estado de derecho. Es un ente que protege al ciudadano del Estado y lo puede proteger a la hora de abusos que se cometan, incluso, en instancias privadas.
-De haber un ente como el Defensor del Ciudadano, las causas de negligencias y violaciones a los derechos humanos no tendrían que llegar a ser denunciadas en organismos internacionales, ¿por qué se podrían abordar acá en Chile?
Podría existir prevención. Los pilares de un estado de derecho son el principio de juridicidad, principio de control y el principio de responsabilidad. Cuando algunos de estos pilares faltan, el estado de derecho está fallando y el propio sistema democrático está fallando. El Defensor del Ciudadano apunta al control y a la responsabilidad. Cuando decimos, por ejemplo, que todos somos responsables de lo que ha ocurrido en el Sename estamos con el cuento de Fuente Ovejuna, por lo tanto, no hay responsabilidad, lo que significa que estamos conculcando uno de los pilares del estado de derecho y, eso, es muy grave.
Oídos sordos a recomendaciones internacionales
-Tengo entendido que en 2007, el Comité para la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas hizo recomendaciones al Estado de Chile, una de ellas, fue que promoviera la colocación de hogares de acogida, pero sólo como forma de tutela alternativa…
Así es. En el fondo te están diciendo ¡no los lleve al Sename!, ¡no los lleve a una casa de acogida, salvo en casos extraordinariamente excepcionales! Y dijo, de manera expresa, que el ingreso se utilice sólo como medida de último recurso. Además, se señaló que se asignaran recursos suficientes y que haya supervisión periódica a estas instituciones de guarda. Todo esto impacta, directamente, en el principio de control que tiene que tener el Estado. Si hay un organismo internacional que te está diciendo que hagas esto, hace 10 años, ¡por favor!, ¿por qué no lo hicimos en su momento? Esto que vemos que ha ocurrido en el Sename es una infracción grave al inciso segundo, del artículo quinto de la Constitución que dice que se debe respetar y promover los derechos humanos que garantiza la Constitución y estamos hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así se llama esa cartera, y el Sename está dentro de él.
-¿Qué ha hecho el Estado de Chile, al final de cuentas?
Lo que ha hecho el Estado de Chile es violar sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que se han entregado en guarda al Estado, o sea, los sacó, si se siguen las normas de la Convención, por medidas excepcionales y se los entrega al Estado para que los cuide y el Estado en vez de cuidarlos, hace lo que ya sabemos, muchos niños mueren, muchos niños son violados, muchos niños son agredidos.
-¿Cómo se logra entender que hay recomendaciones al Estado chileno por parte de organismos internacionales en materia de protección a los derechos de los niños y se haga oídos sordos?
Porque, efectivamente, son recomendaciones. Lo que tienen es un peso moral.
-¿Y ni siquiera el peso moral, el Estado chileno, los gobiernos, lo asumen?
Efectivamente. Y ahí está el infinito listado de 64 medidas del informe de la Comisión Investigadora del Sename que el gobierno y los parlamentarios oficialistas botaron al tacho de la basura, al rechazarlo. Si uno lee el informe se da cuenta de que hay un trabajo bastante responsable de parte de los parlamentarios, pero algunos que votaron a favor del informe en la comisión, luego votaron en contra en la Sala o se abstuvieron después (por ejemplo, la diputada del PC, Camila Vallejo), eso es vergonzoso.
Daisy Castillo Triviños/EL MURO
Foto: Agencia Uno
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