La crisis del Sename y los 185 niños: un problema de Derechos Humanos
La semana
pasada la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y la Corporación de Asistencia Judicial
organizamos, en la ciudad de Punta Arenas el seminario: “Los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Propuestas y buenas
prácticas”. En la apertura del evento tuve la oportunidad de referirme a la
Convención de los Derechos del niño, ratificada por Chile el año 1990 y recién,
después de 25 años en 2015, se enviaba
un proyecto de ley, por el gobierno, que pretendía adecuar la legislación
chilena a dicha Convención, proponiendo además la iniciativa de crear una subsecretaría de
la niñez, la que permitiría articular a las diversas instituciones y servicios
vinculados a la infancia y así hacer más eficientes las políticas públicas
relacionadas con los niños, niñas y adolescentes.-
Resulta lejano
dicho evento. Más aún cuando el Servicio Nacional de Menores (Sename), se
enfrenta a una crisis tan profunda, que hacen sonar las palabras de la
Presidenta, sólo como una declaración de buenas intenciones.
El remezón se generó
cuando la Ministra de Justicia Javiera
Blanco entregó un informe solicitado por el diputado René Saffirio con un dato
desgarrador:185 niños dependiente de las instituciones del Servicio Nacional de
Menores han muerto en el transcurso de la última década.
Fue tal impacto, de la Comisión Especial
Investigadora de la Cámara de Diputados conocida como Sename II (debido a que
su mandato era comprobar como el gobierno ha atendido las conclusiones de la
comisión anterior conformada en 2014) que los asistentes hicieron un minuto de
silencio por estas 185 víctimas. El parlamentario detalló que, entre los años
2005 y 2015, murieron un total de 185 niños, 134 de los cuales fallecieron en
recintos de salud, pero no se especificó en qué recintos permanecían bajo la
protección del Sename y utilizó duras expresiones para referirse a la Ministra,
cuestionando que la titular de justicia haya tomado la decisión de sacar al
Director del Sename, porque se fugaron 19 menores de Arica y no haya tenido una
sola palabra respecto de las 185 muertes.
Muchas veces
cuando utilizamos cifras para describir un drama no logramos entender su dimensión,
de ahí que debemos recordar la muerte de Lissette, una niña de 11 años que, en
abril pasado, falleció en el CREAD Galvarino de Estación Central. Consultada la
ex Directora del Sename, Marcela Labraña,
sobre las razones del fallecimiento ella señaló “que se debió a un paro
cardiorrespitorio por un agudo cuadro de angustia”.
La Asociación
de funcionarios del Sename (Afose) y médicos de la institución desestimaron que
la muerte de Lissette pudiera obedecer a una inestabilidad emocional. Los cuestionamientos del Centro son de larga
data, falta de espacio, lo que lleva
que muchas veces tienen que juntar niños
con niñas para dormir en los mismos dormitorios. Hay serios problemas de
hacinamiento a lo que se suma falta de
personal. Violaciones, suicidios,
negligencias, como la muerte de una lactante de 10 meses fallecida durante la
noche del 24 de enero de 2014, producto del ahogo con su propio vómito y
encontrada a la mañana siguiente por dos funcionarias, no son hechos
inhabituales y la muerte de Daniel, de
17 años, producto de 18 puñaladas al interior de uno de los centros.
Estamos en presencia de flagrantes violaciones de
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Chile, cuestión que
el INDH debería también preocuparse, no he escuchado una palabra de condena al
respecto. Desde el 2007 el Comité para la Convención de los Derechos de los
Niños de ONU ha señalado al Estado de Chile, entre otros temas que se incorpore plenamente el principio del interés
superior del niño en todos los programas, políticas y procedimientos
judiciales y administrativos y se aplique el principio del respeto de la
opinión del niño, y promueva y facilite la participación de este en todos
los asuntos que le afecten. El Comité
recomienda que Chile siga promoviendo la
colocación en hogares de acogida como forma de tutela alternativa y que el
ingreso en ellas se utilice sólo como medida de último recurso. También señala
que se asignen suficientes recursos y
se vele por el buen funcionamiento y supervisión de estas instituciones de
guarda y que se proceda a una revisión periódica de las colocaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención. Derechos
vulnerados sin consideración por nuestro país.
Esto es una infracción
gravísima al inciso 2º del artículo 5 de la Constitución que establece que los órganos del Estado (Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, SENAME) deben respetar y promover los derechos
humanos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (Convención de los Derechos
del Niño).
Desde la perspectiva
jurídica legislativa están las herramientas y las autoridades que deben
cumplirlas, mejoremos la legislación, pero al fin de cuentas son las buenas
administraciones las que hacen la diferencia.
Para que estas
situaciones no vuelvan a ocurrir necesitamos responder, con sinceridad,
especialmente las autoridades del país, a la pregunta: ¿Si queremos como
sociedad avanzar efectivamente en la defensa
y protección de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Si es así, hagamos las cosas bien, este Chile
no quiere mas niños, niñas o adolescentes muertos por negligencia inexcusable de
quienes los tenían a su cargo.-
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