Desde mi esquina.- Rafael Rosell Aiquel

Cuando   el ministro Eyzaguirre, explicó los alcances del proyecto de ley que crea   el   administrador   provisional   y administrador de cierre de la educación superior, insistió que   esta figura   debiera ser usada “muy raramente”.   Dada esa advertencia sorprendió,   que   el primer proyecto presentado   dentro de la reforma   educacional   fuera   este y no la superintendencia de educación superior.   Una iniciativa de esta naturaleza ,  exige  quizás más que ninguna otra la normativa global que  le hubiera dado sustento, en particular aquella   que crea la superintendencia de educación superior. Entidad  que  está  llamada  a asumir las  acciones preventivas,  para cumplir  con el  objetivo  que  el secretario de Estado destaca   debe tener el  interventor  educacional: que se utilice  con la menor frecuencia posible.   La   legislación actual  determina el cierre de instituciones de educación cuando se detectan irregularidades, ya sea académicas, económicas o de otro orden

  En   medio   del intenso debate sobre la reforma educacional,   en el   que han primado   distintos   énfasis sobre el lucro,   acerca de los recursos que   debe aportar la reforma tributaria y el apasionado    trámite legislativo, lo cierto es que echamos de menos   una reflexión   más profunda sobre la calidad de la educación superior y en   específico del proceso de selección   y elaboración   de la prueba   que permite   llegar o no    a la universidad: la PSU. Más aún,   cuando estamos   hablando de gratuidad y de   mecanismos que disminuyan la segregación.    Y vale la pena recordar que    hace dos años, el ministerio de educación   y el Consejo de Rectores (CRUCH) acordaron   revisar la calidad de este examen, y lo hicieron a través de una evaluación internacional. Tras una licitación   fue seleccionada   la empresa Pearson para efectuar un diagnóstico de la PSU, proceso que se llevó a cabo entre enero de 2012 y enero de 2013.     La revisión   se enfocó   en tres áreas

Con   la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, el contralor Ramiro   Mendoza realizó su cuenta pública y efectuó   una serie de recomendaciones, que   resultan necesarias   de tener en cuenta;   más aún cuando   el país   está   viviendo   un proceso   de transformación    profundo de su   sistema educativo, y en particular de   sus   Casas de Estudios   Superiores. Si   uno de los ejes del proceso es    fiscalizar    la existencia   de   lucro,   eso lleva necesariamente   a que   se demanden   los   instrumentos necesarios para que   la entidad contralora   pueda   ejercer sus funciones.   El Contralor General, había   indicado con anterioridad que “no existían mecanismos directos para fiscalizar   recursos públicos que   reciben las universidades privadas”. Lo que   es contradictorio con el hecho   que éstas reciben dineros estatales. Al ser así, deberían   estar obligadas a rendirlos   públicamente. De cara al principio básico de toda adecuada administración de fondos

  La presidenta Bachelet señaló en el discurso del 21 de mayo, que Chile había cambiado, que la sociedad se encuentra empoderada, que demanda cambios   y que éstos   deben hacerse   manteniendo la gobernabilidad del país.   Una de las reformas   centrales del gobierno   y   que   comenzó   a dar   sus primeros pasos en el Congreso   es la reforma educacional.   El Ministro Eyzaguirre tiene claro, desde   que lanzó su primera iniciativa,   que iba a transformarse   en una de las autoridades   más expuestas del   ejecutivo.   Inició el proceso con   la creación de la figura   del administrador provisional en los establecimientos   universitarios,     la que ha venido acompañada por una   batería de proyectos, como el término del lucro, la selección y el copago. Todas reformas que promueven un cambio estructural, en cómo   se ha   entendido el sistema educativo en nuestro país.     El debate está recién comenzando    y es realista considerar que   por la naturaleza de la iniciativa