Control y Universidades

Con  la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, el contralor Ramiro  Mendoza realizó su cuenta pública y efectuó  una serie de recomendaciones, que  resultan necesarias  de tener en cuenta;  más aún cuando  el país  está  viviendo  un proceso  de transformación   profundo de su  sistema educativo, y en particular de  sus  Casas de Estudios  Superiores.

Si  uno de los ejes del proceso es   fiscalizar   la existencia  de  lucro,  eso lleva necesariamente  a que  se demanden  los  instrumentos necesarios para que  la entidad contralora  pueda  ejercer sus funciones.

 El Contralor General, había  indicado con anterioridad que “no existían mecanismos directos para fiscalizar  recursos públicos que  reciben las universidades privadas”. Lo que  es contradictorio con el hecho  que éstas reciben dineros estatales. Al ser así, deberían  estar obligadas a rendirlos  públicamente. De cara al principio básico de toda adecuada administración de fondos estatales la rendición de cuentas o accountability.

De ahí,  la urgencia de que se envíe por el Ministerio de Educación y luego se apruebe por el Congreso, el proyecto de Ley de  la superintendencia  de educación superior, y a su vez se avance  en ampliar las atribuciones de la Contraloría  General  de la República de manera que  pueda fiscalizar la inversión que hacen las universidades privadas de los fondos que les son entregados por el estado, son dineros de todos para cumplir una función pública que es la educación. 

Por  su parte y  en relación  a las universidades estatales, y  al trato especial  que ellas merecen por el rol que  poseen  en el sistema de educación  superior,  Mendoza fue taxativo: “ si vamos  a jugarnos  con  que las universidades estatales son realmente estatales, debemos situarlas  donde están; en  el sector público, con las reglas especiales de su administración”. Hizo mención  a la tensión  que  experimentan al verse sometidas a una serie de fiscalizaciones  y  autocontroles “que no son compatibles y necesarios”.

“Por una parte  están  sujetas  a la ley 18.406 de sociedades anónimas, parcialmente   a la  ley de administración  financiera del Estado y a la contabilidad gubernamental. Y además deben cumplir las reglas de transparencia y  de adquisiciones  de compras públicas porque  son  entidades de  servicio público  dedicadas a la educación  pública”.

“El que las universidades estatales tengan que publicar  sus balances no tiene sentido, porqué es  un gasto innecesario”, para eso está el principio de transparencia y su regulación legal que le es aplicable a estas universidades . Además cuestionó  que se les obligue a hacerlo. “Si son entidades públicas, deben someterse  a los controles de dichas entidades y no verse sometidas, muchas veces al  estrés  de   estar solicitando créditos en los bancos, que las saca de su verdadera naturaleza: que es ser  entidades de servicio público”. La mirada contralora muchas veces temida por las Universidades  Estatales que piensan que es una traba, no lo es, muy por el contrario, es una gran ayuda para una buena gestión y a eso apunta lo señalado por  el Contralor General de la República.

En  sus palabras entregó  definiciones  precisas,  en un  debate muchas veces monopolizado por visiones ideológicas  en las  que se echaba de menos  conclusiones como éstas: ponderadas a partir de la experiencia.