Entrevista para el Muro

Rafael Rosell (Decano U. San Sebastián): “Hay falta de probidad generalizada en el país”



Lunes 22 de mayo de 2017

El abogado y profesor de ética jurídica advierte que el gran pecado es haber aceptado algunas prácticas como normales y, hoy, la propia ciudadanía nos dice que no son normales.

Es abogado, docente de ética jurídica y ha sido profesor invitado en la Universidad Nacional de Rumania para hablar de temas ligados a la corrupción en América Latina. Se trata de Rafael Rosell, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, quien asegura que la corrupción es un tema a nivel global.
Según Rafael Rosell, “lo que pasa con el Partido Socialista independiente de dónde invierta, si lo quiere hacer en la empresa del yerno de Augusto Pinochet (SQM), es un tema de cuánto respetan sus propios principios. Pueden invertir, insisto, dónde quieran, el punto está, desde mi perspectiva, en cuánto de esa inversión y en las empresas en que lo hicieron, condicionó en algún minuto alguna votación de los parlamentarios del PS o cuánto condicionó algún decreto, alguna regulación en que estaban involucradas autoridades del Partido Socialista. Ése es el punto central, porque ahí está el conflicto de interés”.
-Si parte del patrimonio del PS se utilizó en inversiones en SQM, Endesa, Caja Los Andes, La Araucana, Aguas Andinas, Esval, CGE, Masisa, Celulosa Arauco, Autopista del Sol, Vespucio Norte, por ejemplo, cuando se discutieron determinadas leyes los parlamentarios socialistas no se inhabilitaron. ¿Qué se hace si ya votaron?, ¿no sería absurdo a estas alturas empezar a revisar qué socialistas votaron a favor o en contra de determinadas normas que beneficiaban o perjudicaban a algunas de estas firmas?
Evidentemente, lo primero que deberían haber hecho si ellos tenían conocimiento, no sé si estaban al tanto de las inversiones, pero si lo sabían, evidentemente, debían inhabilitarse en forma inmediata. De aquí en adelante debieran inhabilitarse y si están las inversiones hechas no podrían votar ninguna ley que tuviese alguna implicancia directa o indirecta sobre las empresas en que ellos están invirtiendo. Si nosotros seguimos, por ejemplo, el criterio de la Ley de Pesca, comprenderás que una gigantesca cantidad de legislación que se ha hecho debería dejarse sin efecto, lo cual, evidentemente, no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico por la seguridad jurídica, porque no podemos llegar a una situación como ésta.
-¿Qué se puede hacer, entonces?
Desde el reproche moral por los conflictos de interés, tenemos que buscar alguna solución. Evidentemente, una alternativa para que no se generen conflictos de interés es la inversión de los dineros del PS dónde quieran, pero que sea una especie de fideicomiso ciego, de la misma forma como se está exigiendo a quienes asuman la presidencia de la República. Eso, te da tranquilidad de que no debería existir influencias sobre ellos (refiriéndose a los parlamentarios) al momento de votar una determinada acción.
-¿Qué tipo de fideicomiso ciego debiera existir para los partidos políticos, en general, que permita que las inversiones que se realicen no se hagan en empresas que, en algunos casos, judicialmente, están siendo investigadas?
Para tener un fideicomiso ciego se requiere que se establezcan ciertas directrices por parte del partido político, donde se diga ¡no quiero que se invierta en tales o cuales empresas, en tales países, o en tales rubros, por ejemplo! Por lo tanto, la valla tú la pones antes de y esto se utiliza en el extranjero hace bastante tiempo y es lo que debiera hacer, hoy día, cualquier partido político que quiera mantener inversiones en algunos activos en Chile o en el extranjero. Teniendo claro eso, el patrimonio se entrega a un administrador y, después de un tiempo determinado, el administrador cumpliendo lo que le dijiste, te rinde cuenta de lo que ha hecho. Para mí es una fórmula que no es compleja, elimina los conflictos de interés y te da la tranquilidad de que los dineros no van a ser invertidos en sectores que, con posterioridad, provoquen un cuestionamiento ético.
-¿Esta fórmula que, a su juicio, no es compleja, debiera contar con la participación de las bases de los militantes de los partidos y que no sea una decisión que definan las cúpulas, porque de ser así se mantendría el mismo problema de velar por los intereses de unos pocos?
Desde un punto de vista de la democracia deberían ser todos los militantes los que participen y digan dónde no se debiera invertir. Es más fácil hacerlo desde las perspectivas de las empresas en las que no se debiera invertir, partir por eso, se puede hacer, luego, una encuesta, una votación, hay varias alternativas para utilizar y lo que debe estar es la voluntad política de hacerlo o no.
-¿A su juicio, en qué momento se produjo esta relación tan profunda y turbia entre la política y el sector empresarial donde se le comienzan a dar directrices a los políticos de cómo deben actuar frente a determinados temas y legislaciones?
Esto ha pasado siempre, no es actual. Lo que es actual, hoy día, es primero una legislación de transparencia que hace evidente algunas cosas que antes no lo eran. Desde hace dos años se han implementado a nivel de Latinoamérica y en Chile, en particular, una serie de leyes que van dirigidas a la transparencia. Cuando se toman decisiones de transparencia, que es lo que está pasando hoy día, los actos se evidencian y sentimos que existe mayor corrupción y como sentimos que existe mayor corrupción, tenemos más desconfianza ciudadana y queremos más transparencia.
-¿No es un círculo vicioso?
Eso, que pareciera ser un círculo vicioso, lo veo como un círculo virtuoso, en el sentido de que hoy, gracias a la desconfianza ciudadana, las acciones y leyes de transparencia, nos generan la posibilidad de observar con mayor nitidez los actos de corrupción. Si bien, en el corto plazo produce un impacto negativo en el sistema democrático, a largo plazo se ve fortalecido el sistema democrático, porque esos actos de corrupción que ya ocurrieron no van a volver a ocurrir y quienes los hicieron van a tener mucho más cuidado en las acciones que adopten a futuro. A esto se suma que la ciudadanía está empoderada y está pidiendo al Estado claridad y transparencia. Otro factor son las redes sociales para fiscalizar y el rol de los medios de comunicación que están jugando un papel preponderante en la investigación y esclarecimiento de temas de corrupción.
Frente Amplio v/s Alejandro Guillier
-¿Cuál es su visión de lo que está pasando con el Frente Amplio?
Hay un aviso ahí. No sé si ésta será su oportunidad o la próxima, pero el Frente Amplio  está avisando algo. Creo que el Frente Amplio representa la desconfianza ciudadana, no sé cuáles son sus postulados y creo que la ciudadanía tampoco lo sabe, pero en la medida que ellos están representando el descontento y la desconfianza ciudadana, van a tener una votación importante, a pesar de que su proyecto, al menos hoy día, no es claro y, pese a ello, hay un aumento de la intención de voto.
-¿Ve usted más posibilidades al Frente Amplio que a la candidatura del senador independiente, Alejandro Guillier?
Alejandro Guillier representa, lamentablemente, para él, justo lo que la gente está rechazando hoy día, representa a quienes siempre han estado y, por lo tanto, ahí va a ver un tema que la gente va a reaccionar en contra. (Alejandro) Guillier representa los partidos políticos. La gente ve y asocia falta de probidad en los partidos políticos y, lamentablemente, lo que pasó con el PS no va a favorecer la mirada que tienen las personas.
-¿Chile es un país corrupto si se le compara con sus vecinos de América Latina?
No tenemos más corrupción hoy día de la que había hace diez años, sólo que ahora se sabe y, por eso, nos da la sensación de que hay más corrupción. Chile todavía se mantiene dentro de los cinco primeros lugares de países menos corruptos, todavía, pero, lamentablemente, está bajando.
-¿Somos un país probo?
Para entender si un acto es probo o no, hay que tener claro a quién favorece. Si ese acto que nosotros realizamos favorece a un particular más que al bien general estamos hablando de un acto corrupto. Si quien ejerce una función pública opta por privilegiar sus intereses personales por sobre los intereses generales o por sobre el bien común, está realizando un acto de corrupción, está realizando un acto que va en contra de la probidad. Todo lo que estamos viendo, hoy día, demuestra que estamos frente a una falta de probidad generalizada y, eso, es más reprochable hacia quienes ejercen una función pública, porque tienen un compromiso y el Estado está al servicio de la persona humana.
-¿Cuánta responsabilidad tiene en todo esto el Estado?
El Estado ha hecho su trabajo en lo que le corresponde, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la Contraloría. Han legislado mucho, pero tienen que producirse los hechos primero para que pueda existir una reacción y el gran pecado, probablemente, es no adelantarnos a lo que podría venir, o el gran pecado en su minuto es haber aceptado algunas prácticas como normales y, hoy, la propia ciudadanía nos dice que no son normales.
Daisy Castillo Triviños/EL MURO


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